5 de diciembre de 2026. Esa es la fecha establecida por la ley. Queda un mes para que las empresas con más de 200 trabajadores presenten sus planes de movilidad al trabajo. Es la consolidación de la Ley de Movilidad Sostenible. Un completo cambio de enfoque normativo basado en mover personas en vez de vehículos.
Aclaremos primero algunos datos para que sepamos de qué empresas estamos hablando: la norma exige que dispongan de un Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo todos aquellos centros que reúnan a más de 200 personas trabajadoras o más de 100 por turno. Pero mucho ojo al matiz: el foco se pone en el centro de trabajo específico, no en el conjunto global de una empresa con diferentes sedes por todo el país.
Es importante subrayarlo y tiene lógica. Una empresa podría tener 500 trabajadores y contar con cincuenta pequeñas oficinas por toda España en la que nunca se superasen los 10 trabajadores.
De cualquier modo, el cambio que se avecina para primeros de diciembre afectará directamente a algo más de 6.000 centros de trabajo en España. Una cifra poco desdeñable y que, de realizarse correctamente, supondría un importante cambio de hábitos en muchas personas.
Obligación por ley
Lejos de ser una mera declaración de intenciones burocrática, estos planes deben incluir medidas reales, tangibles, consensuadas y entregables:
- Fomentar el transporte público colectivo y la movilidad activa (ir a pie o en bicicleta).
- Impulsar vehículos de bajas emisiones y soluciones de coche compartido o carpooling.
- Facilitar el teletrabajo siempre que la actividad sea viable.
- Integrar de forma obligatoria la seguridad vial y la prevención de accidentes laborales de tráfico, un aspecto crítico respaldado por guías técnicas.
Además, la ley establece que estos planes no pueden imponerse de forma unilateral por la dirección de la empresa. Deben negociarse obligatoriamente con la representación legal de los trabajadores e integrarse dentro de los convenios colectivos.
Uno de los grandes cambios es que el proceso no termina con la firma: la norma exige redactar un informe de seguimiento cada dos años y revisar el plan al menos cada cinco para comprobar su eficacia real.
Pero se da un paso más: toda esa información debe estructurarse de forma veraz para comunicarse formalmente y quedar integrada en la plataforma tecnológica pública centralizada del Estado: el Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM).
Esto significa que no vale con presentar documentos improvisados o datos genéricos, sino que deben adaptar sus sistemas internos para medir de forma veraz los hábitos de transporte de sus plantillas, calcular su impacto y volcar los indicadores requeridos en este sistema digital común que gestiona el Estado. De no hacerlo, se exponen a sanciones, también contempladas por la normativa que te contamos más abajo.
¿Cómo lo hacemos?
Ante este panorama, muchas empresas se hacen la misma pregunta: ¿cómo demonios implementamos todo esto, medimos los desplazamientos de la plantilla y evitamos multas sin que suponga un quebradero de cabeza operativo?
Esto es algo muy nuevo para la mayoría de esos 6.000 centros de trabajo que, enfocados en su día a día, han visto cómo se acercaba la fecha sin poder reaccionar a tiempo y se han visto obligados a subcontratar consultoras externas que también necesitan ayuda y agilidad para cumplir con los plazos.
Aquí es donde entra en juego la tecnología y la experiencia de plataformas como Don Cicleto. Cumplir con un Plan de Movilidad al Trabajo no consiste solo en rellenar un documento, sino en dotar a la compañía de las herramientas necesarias para digitalizar y gestionar la movilidad real de sus empleados:
- Infraestructura y aparcamiento seguro: Facilitar zonas de estacionamiento y puntos de recarga para bicicletas y patinetes (e-bikes) en el propio centro de trabajo, garantizando que el empleado que opta por la movilidad activa tenga dónde dejar su vehículo con total seguridad.
- Plataformas y apps corporativas en marca blanca: Integrar soluciones digitales que ayuden a los trabajadores a planificar sus rutas multimodales, conectar con el transporte público o gestionar flotas compartidas.
- Trazabilidad y métricas de impacto: Proveer a los gestores de movilidad de los datos precisos sobre reducción de emisiones, huella de carbono y uso real de los medios sostenibles, simplificando los informes de seguimiento que exige la administración.
Las sanciones por incumplimiento
Conviene resaltar que la fecha límite del 5 de diciembre no contempla prórroga ninguna. Y, por si fuera poco, cuenta con un régimen sancionador muy claro para aquellos centros obligados que miren hacia otro lado:
- Infracciones leves (hasta 2.000 €): Aplicadas a las empresas que no dispongan del plan en plazo o que omitan los informes bienales de seguimiento, siempre que ello cause un perjuicio al sistema de movilidad.
- Infracciones graves (hasta 6.000 €): Vinculadas a la falsedad de datos o a la acumulación de tres infracciones leves firmes en el periodo de un año.
Un cambio cultural
La cuenta atrás ya está en marcha y quedan pocas semanas para el 5 de diciembre. Una fecha, insistimos, sin posibilidad de prórroga por el momento. Los grandes centros de trabajo ya no pueden actuar de espaldas al entorno urbano en el que operan. La movilidad sostenible al trabajo ha dejado de ser una opción de responsabilidad social corporativa para convertirse en una exigencia legal.
Es momento de contar con el socio adecuado, capaz de transformar los desplazamientos diarios de tu plantilla y cumplir a rajatabla con lo establecido en la Ley de Movilidad Sostenible. ¿Tu empresa tiene los deberes hechos?