Hace apenas unos meses conocimos de forma oficial el Plan Social para el Clima que presentaba el Gobierno cofinanciado por la Unión Europea. Un conjunto de medidas con un presupuesto de 9.099 millones de euros. Casi la mitad (48%), destinados a transformar la movilidad. El 52% restante, para la eficiencia energética y vivienda.
Una ambiciosa estrategia que se va a desarrollar desde este 2026 y hasta el año 2032. Destinará 4.723 millones de euros para la modernización y rehabilitación energética de viviendas en materias como el aislamiento, el autoconsumo colectivo y la erradicación de la pobreza energética.
Para el transporte se presupuestan 4.376 millones de euros con la intención de facilitar alternativas viables al vehículo privado de combustión.
La bicicleta en el centro
En el desglose del Plan Social para el Clima, más de 370 millones de euros están destinados a potenciar la movilidad activa. De hecho, la nota de prensa relativa al Plan emitida por el Gobierno, subraya la importancia de potenciar el uso de la bicicleta:
«El 58,1% de los españoles dispone de al menos una bicicleta, sin embargo, solo el 3,2% la usa a diario para ir al trabajo o estudios. Las nuevas inversiones buscan eliminar las barreras de seguridad que provocan este desajuste y triplicar el potencial de uso de la bicicleta como medio de transporte cotidiano».
Conocemos de sobra los motivos detrás de este desajuste y se pueden resumir siempre en “falta de seguridad”. Ya sea a la hora de circular o a la hora de estacionar las bicicletas.
Con la intención de derribar esa barrera y triplicar el potencial cotidiano de la bici, las inversiones destinarán 9,7 millones para desarrollar y mejorar los servicios de bicicleta pública y 3,8 millones de euros para impulsar diferentes modalidades innovadoras (y accesibles) de renting o alquiler de larga duración. La partida más grande, 357 millones de euros, será para la construcción de carriles bici segregados. Es el momento idóneo para implementar un aparcamiento seguro para bicicletas en vía pública, una demanda muy común entre los usuarios de bicicleta urbana. Los ayuntamientos tienen ahora la oportunidad de financiar proyectos de bicihangar para municipios. En definitiva, aparcabicicletas seguros para que los ayuntamientos eliminen de raíz el miedo al robo.
La intermodalidad tenida en cuenta
Para que el uso de la bicicleta como medio de transporte se dispare en nuestras ciudades, la combinación con el transporte público tiene que ser perfecta. Es algo más que comprobado en diferentes urbes por todo el mundo y en lo que creemos firmemente en Don Cicleto.
El Plan Social para el Clima también se detiene en ello y ha contemplado 26,2 millones de euros exclusivamente para intermodalidad. Se financiarán 263 proyectos destinados a la creación de aparcamiento seguro y redes de aparcabicicletas en grandes nudos de transporte, intercambiadores, estaciones, apeaderos y paradas. Además, se adaptarán 108 unidades ferroviarias para que sea posible subir al tren con bicicletas sin necesidad de plegarlas. Una medida que mejorará sustancialmente la conectividad y la movilidad de las personas.
Con este escenario, es importante desplegar un modelo de aparcamiento para bicicletas y patinetes que sea eficiente y ágil. Soluciones como el Bicihangar o el Bicihangar Rocket emergen como la infraestructura ciclista modular perfecta para estos entornos. Al tratarse de una solución modular que se instala sin obra civil, permite una implantación inmediata.
Evidentemente, en Don Cicleto, más allá de nuestros conocidos bicihangares, ofrecemos innumerables soluciones que pueden aportar valor al Plan Social para el Clima. Es el caso de las estaciones de mantenimiento y reparación que ya están a pleno rendimiento en estratégicas ubicaciones.
O los puntos de recarga eléctrica que hemos instalado en muchos de nuestros aparcamientos seguros para bicicletas y patinetes. Así mismo, marquesinas solares y otras infraestructuras como los racks no cubiertos, con o sin recarga para e-bikes.
Más allá de partidas concretas, el Plan Social para el Clima también pone el foco en la descarbonización de las flotas, la movilidad rural y el Abono Único Social, un billete unificado multimodal, ilimitado, con tarifas muy reducidas y enfocado, exclusivamente, a personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica.
El borrador ya ha pasado la fase de consulta pública (con más de 1.000 aportaciones entre ciudadanos y Comunidades Autónomas) y su remisión definitiva a la Comisión Europea está fijada para finales de 2026.